UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
Recinto de Rio Piedras
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle

COMUNICADO DE PRENSA

La Facultad y el estudiantado  de la Escuela Graduada de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico se unen a los diversos grupos profesionales y académicos que han manifestado su total  rechazo a la Resolución 99 que busca elevar a rango constitucional el matrimonio heterosexual. En una resolución que fue enviada hoy a cada uno de los miembros de la Comisión de lo Jurídico y Seguridad Publica de la Cámara de Representantes la Federación de Estudiantes de la Escuela Graduada de Trabajo Social y su facultad,  amparándose  en los principios de justicia, equidad , respeto a la dignidad humana y a la diversidad que rigen la profesión del Trabajo Social,  denuncian la propuesta Resolución 99 como un intento de invalidar la realidad social de Puerto Rico que incluye  la amplia diversidad de familias que se forman de manera responsable y que constituyen la fuente primordial de apoyo y sostenimiento afectivo, social, y económico de millares de personas  en el país. Añaden que de espaldas a procesos históricos, culturales y sociales la Resolución 99 pretende reducir  la familia a la mera existencia de la unión matrimonial formal, promoviendo l a revocación de leyes,  decretos administrativos y programas sociales dirigidos a apoyar a todas las familias existentes. 

La resolución destaca además que el enunciado  contenido en la Resolución 99 del “ derecho al matrimonio de un hombre y una mujer“  para formar una familia,  oculta una intención prohibicionista  totalmente ajena a lo que es una Carta de Derechos y responde abiertamente a la imposición de una moralidad religiosa particular que ni siquiera responde a la diversidad de creencias dentro del sector religioso y ,mas importante aun, es totalmente incongruente con la separación de  Iglesia y Estado - elemento fundamental de un estado democrático.

Concluyen que la Resolución 99 representa un atentado a la sana convivencia social y un rudo golpe a la democracia del país pues provoca la distribución desigual de derechos,  la estigmatización y persecución de parejas en uniones no tradicionales y así como de sus hijos e hijas a quienes  se le impondría una ciudadanía de segunda clase.  Recuerdan que la  Constitución debe salvaguardar y ampliar derechos, no limitarlos y finalizan solicitando vehementemente a la Cámara de Representantes  que cumpla con su función de representar los intereses de todos los grupos que componen la sociedad y promover su bienestar.